Sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Leganés

La huelga general del 29 de septiembre está más que justificada. Un golpe mortal a la inversión pública y el empleo, una reducción de salarios públicos sin precedentes, una injusta congelación de pensiones, un golpe bajo a las personas dependientes, una cirugía sin anestesia a la negociación colectiva, un despido más fácil, más rápido y más barato, luz verde a las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro mientras agonizan los Servicios Públicos de Empleo, y un aumento de la discrecionalidad empresarial que quiebra todavía más marco de relaciones laborales en la empresa.

La votación definitiva en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Senado sobre el proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo se ha hecho sobre un texto que empeora el proyecto de Ley. En el plazo de presentación de enmiendas del Senado, que terminó el 12 de agosto, la mayoría de los partidos mantuvieron las modificaciones que propusieron en el Congreso de los Diputados, y que allí no salieron adelante.

Por tanto, esta reforma a la carta de las posiciones más neoliberales, ahonda en la desregulación laboral, apuesta por una competitividad basada en la reducción de los costes empresariales a costa de los derechos de los trabajadores y no ayuda al necesario cambio de nuestro modelo productivo, que impulse el empleo de calidad, la formación y la innovación; imprescindible para enfrentar los problemas reales de la economía y del empleo.

Recientemente, el Defensor del Pueblo ha resuelto no interponer recurso de inconstitucionalidad frente al RDL 8/2010, de 20 de mayo, de rebaja salarial en el sector público, congelación de pensiones y otras medidas de ajuste social. La resolución da respuesta, conjunta y negativa, a un amplio grupo de organizaciones sindicales y profesionales, así como a personas asalariadas del sector público a título individual, que instaron su promoción a la Institución que tiene esta competencia entre sus facultades.

CCOO elevó su demanda ante el Defensor del Pueblo con el fin de agotar todas las instancias a su alcance, frente al recorte injustificado de derechos que contiene el RDL. Para el sindicato, la respuesta negativa confirma la más reciente trayectoria de la Institución frente a las actuaciones restrictivas de los distintos gobiernos en materia de derechos socio-laborales.

Por otro lado, Los secretarios de organización de CCOO y UGT, presentaron el lunes 30 de agosto, en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, SIMA, la solicitud de mediación, previa a la convocatoria formal de la huelga convocada por ambos sindicatos para el 29 de septiembre. Este acto de presentación ante el SIMA de la solicitud de mediación forma parte del compromiso adquirido por las organizaciones sindicales y empresariales en el Acuerdo para la Solución Extrajudicial de Conflictos (ASEC), ante cualquier tipo de conflicto en todo el territorio del Estado español.

En el documento presentado ante el SIMA, CCOO y UGT rechazan las medidas impuestas por el Gobierno en el Real Decreto Ley 10/ 2010 de 16 de junio; las medidas de ajuste del gasto público plasmados en el Real Decreto Ley de 8/10 de 20 de mayo; las propuestas gubernamentales de reducción de la cuantía media de las pensiones, así como el endurecimiento de las condiciones para acceder a las prestaciones públicas y, que pueda ser modificada la actual regulación sobre la negociación colectiva mediante la presentación por el Gobierno de un proyecto de Ley con este objetivo, sin previo acuerdo de los agentes sociales.

Por último, pese a estar aún en pleno periodo vacacional, más de un millar de delegados y delegadas sindicales acudieron ayer martes, 31 de agosto, al Auditorio "Marcelino Camacho" de CCOO para participar en una Asamblea Regional convocada en el marco de la huelga general del próximo 29 de septiembre. En la misma intervinieron el secretario general de CCOO de Madrid, Javier López; el secretario confederal de Estudios del sindicato, Rodolfo Benito; y varios responsables de federaciones y territorios.

Javier López hizo un llamamiento a abarrotar el Palacio Vistalegre, el próximo 9 de septiembre, en el acto estatal convocado por los sindicatos como cita previa al 29-S, una fecha en la que hay que "parar Madrid y llenar sus calles".

En su intervención, Rodolfo Benito afirmó que el problema de España no es la legislación laboral sino el modelo económico y productivo; y explicó los tres grandes perjuicios que supondrá esta reforma, cuyo núcleo central es que facilita y abarata el despido, ya que se amplían los motivos del despido objetivo. En segundo lugar, ha advertido del peligro de la pérdida de eficacia del convenio colectivo, a través de la llamada cláusula de "descuelgue", y de la posible desaparición del convenio colectivo sectorial, ya que lo que quieren los sectores más neoliberales es que los salarios se negocien en cada empresa. Por último, ha señalado que la reforma laboral dará lugar a una mayor temporalidad.