Sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Leganés
#7F - Lo público es de todos. No a los recortes
La principal seña de identidad de Estado de Bienestar Social, también conocido como Modelo Social Europeo es la respuesta a las necesidades sociales por parte de los poderes públicos y la articulación de sistemas obligatorios de protección, entre los que destacan los sistemas de Seguridad Social y Educación. A lo largo de las últimas décadas hemos ido avanzando en la universalización de los derechos a toda la población, cuestión en la que el movimiento sindical ha jugado un papel destacado.
En estos momentos, se produce una ofensiva muy visible en el terreno de los servicios públicos que son objeto preferente de las políticas de recorte que afectan de forma drástica a la educación, la sanidad, los servicios sociales, los medicamentos o la protección por desempleo, entre otros. Paralelamente, los mercados presionan en la lógica de favorecer la externalización de servicios que aspiran a gestionar desde intereses privados, viendo en los servicios públicos privatizados una enorme oportunidad de negocio.
La privatización y los recortes en los servicios públicos destruyen empleo, deterioran su calidad, empeoran las condiciones laborales de las y los empleados públicos (marcando a la baja el camino para el conjunto de la negociación colectiva), quiebran la igualdad de oportunidades y la cohesión social y ponen en cuestión la gratuidad y la universalidad de las prestaciones. Todo ello es más grave en una etapa de crisis económica aguda en la que los servicios públicos deberían jugar un papel determinante para garantizar la cohesión social y en la que, tanto el gasto y el empleo público son decisivos en la dinamización de la economía.
En la Comunidad de Madrid, el Gobierno Regional lleva a cabo una política de recortes en los servicios públicos que está afectando de forma muy negativa al empleo y a la calidad de los mismos. Estos recortes suponen la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo que van a engrosar las ya abultadas listas de paradas y parados madrileños y el alargamiento de la jornada laboral para el resto.
Modificar las condiciones de trabajo de las y los empleados públicos, rebajando las prestaciones durante la incapacidad temporal o aumentando la jornada, es una flagrante e intolerable invasión en el derecho a la negociación colectiva que la Constitución Española, la Ley Orgánica de Libertad y el Estatuto Básico de los Empleados Públicos reserva a las trabajadoras y trabajadores, incluidos las empleadas y empleados públicos.
Después de treinta y cinco años de luchas y esfuerzos para alcanzar un cierto nivel de protección laboral, comprobamos cómo los derechos adquiridos en ese largo proceso son arrasados en una semana. Tener la mayoría parlamentaria no debería servir para cometer atropellos de esta magnitud. El peor de todos, agredir a las trabajadoras y trabajadores del sector público, después de una intensa campaña de desprestigio social, y presentarles como parte del problema en lugar de un activo para nuestro país.
No nos resignamos a sufrir un enorme retroceso en materia de derechos y de cohesión social y defendemos el Modelo Social Europeo como mejor garantía para el desarrollo económico y social. Por ello, trabajaremos en la lógica de promover la más amplia convergencia con aquellas organizaciones que compartan estos objetivos en el marco de una Plataforma para la Defensa de los Servicios Públicos en la Comunidad de Madrid.
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